Fiscalía de la Nación proyecta 31 años de cárcel para Pedro Castillo por delitos de corrupción

La Fiscalía de la Nación proyecta que el expresidente Pedro Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno, por los que solicitó que se le impongan 36 meses de prisión preventiva, reveló un informe de Perú21.

La fuente accedió al requerimiento presentado el martes por el fiscal supremo Helder Terán, quien «proyectó» una pena de más de 31 años de cárcel para Castillo, que actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses por intentar dar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

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Terán manifestó que a Castillo se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, y que la condena total estimada es la suma de 18 años y 4 meses por el primer cargo, 6 años y 8 meses por el segundo y 6 años y 4 meses por el último.

En la investigación también están implicados los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.

Silva, quien está prófugo de la justicia del año pasado, es acusado de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal. Este pedido de Terán será evaluado el viernes por el juez supremo Juan Carlos Checkley

Pedro Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado. Como se recuerda, el 16 de diciembre, dictaron una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.

Este nuevo pedido fiscal se ha hecho por el presunto caso de encabezar una organización criminal durante su Gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas en obras públicas.

La investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de expresidente.

Esta denuncia recomendó acusar a Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder.

Además, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y muchas más.