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Donald Trump imputado por cuarta vez: ¿Qué es la ley RICO?

Donald Trump está acusado bajo la ley contra la mafia en el caso de intento de reversión del resultado de las elecciones presidenciales del 2020.
El expresidente Donald Trump enfrenta un cuarto proceso criminal en el estado de Georgia. Foto: REUTERS

La primera acusación en el proceso legal del estado de Georgia señala a Donald Trump y otras 18 personas de cometer un delito conocido como «racketeering» (extorsión o asociación ilícita), al presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, presentó los cargos que involucran al expresidente Trump en una amplia conspiración para socavar las elecciones y lo menciona como líder principal.

«La acusación sostiene que, en lugar de seguir el procedimiento legal para impugnar resultados electorales, los acusados participaron en una actividad criminal y una asociación ilícita para cambiar los resultados de las elecciones en Georgia», declaró.

Esto marca la cuarta serie de cargos criminales presentados contra Trump en los últimos meses, pero es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta acusaciones similares, previamente utilizadas para condenar a líderes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante.

En Estados Unidos, las actividades del crimen organizado son regularmente procesadas bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés).

La ley RICO permite a los fiscales atar los cabos entre los secuaces subalternos que violan la ley y los autores intelectuales que les dieron la orden para actuar.

Más de 30 estados en EE.UU. han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado por Georgia tiene un alcance más amplio que la mayoría.

Los estatutos de la RICO federal enumeran 35 crímenes que pueden clasificarse como evidencia de racketeering o extorsión, pero las leyes RICO de Georgia contemplan 65 crímenes en su lista.

Los fiscales deben demostrar que existe una “empresa” criminal y detallar un patrón de extorsión que se base en por lo menos dos crímenes calificados.

Las sanciones en virtud de la legislación RICO de Georgia son significativas, con sentencias de prisión que oscilan entre cinco y 20 años, así como multas que pueden alcanzar hasta $250,000. Estas penas pueden emplearse como incentivo para persuadir a los subordinados a colaborar con la fiscalía a cambio de una condena reducida.

Estos incidentes podrían dar lugar a una avalancha de pruebas y testimonios sin precedentes que los fiscales podrían utilizar en contra de los presuntos líderes, de acuerdo con las palabras de Anthony Michael Kreis, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia.

Para lograr una condena contra Trump, Kreis explicó que los fiscales deberán demostrar que el expresidente no fue simplemente un participante pasivo siguiendo asesoramiento legal, sino el individuo que estaba «al mando».

En la actualidad, Trump enfrenta cargos federales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a sus declaraciones falsas relacionadas con las elecciones. La evidencia presentada en este juicio podría influir en el caso en Georgia y estar interconectada con él.

Además, Trump tiene pendiente un juicio relacionado con presuntas negligencias en el manejo de documentos clasificados y pagos a una actriz pornográfica con el fin de silenciar sus testimonios.

La fiscal distrital Fani Willis, afiliada al partido demócrata, ha empleado previamente las leyes antiextorsión de Georgia en casos de gran relevancia.

En el año 2013, encabezó el enjuiciamiento de maestros y administradores de las escuelas públicas de Atlanta bajo cargos RICO, alegando que habían participado en trampas en los exámenes estandarizados del estado para obtener incentivos y promociones.

«Según RICO, no es necesario que todos se reúnan en torno a una mesa para compartir una comida de espagueti (y conspirar)», explicó Willis al presentar cargos contra aproximadamente treinta educadores hace una década.

En el transcurso del juicio, once de doce funcionarios fueron hallados culpables en el juicio más prolongado en la historia del estado, y la mayoría de los otros implicados se declararon culpables.

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Fuente: BBC News Mundo

 

 

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