Gobierno promulga nueva ley: Hasta 15 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras

El decreto incluye pena de cárcel a las personas que bloqueen entradas en areopuertos.

El lunes, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo N° 1586, que endurece las sanciones para los manifestantes que bloquean carreteras, obstaculizan servicios públicos o toman infraestructura pública, como puertos y aeropuertos. Esta medida se adoptó en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. La normativa fue publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano y fue comentada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante una conferencia de prensa después de la sesión del Consejo de Ministros.

En resumen, el decreto aumenta las penas de prisión hasta 15 años para aquellos que bloqueen carreteras o afecten infraestructura pública, incluyendo puertos y aeropuertos. También sanciona la obstrucción de servicios públicos y a aquellos que colaboren con la realización de disturbios.

✅ Ejecutivo aprueba decreto legislativo que incrementa hasta por 15 años las penas por bloqueo de carreteras

Premier Otárola hizo un llamado a las autoridades competentes para que apliquen el nuevo marco penal.

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— Consejo de Ministros (@pcmperu) December 4, 2023

El primer ministro destacó que estas penas más severas son una respuesta a quienes buscan interrumpir o afectar los derechos de los ciudadanos. Según las nuevas disposiciones, aquellos que afecten las vías terrestres, fluviales, infraestructura portuaria, generación de energía, servicios de agua, saneamiento, salud pública, entre otros, podrían enfrentar penas de 10 a 15 años de cárcel.

Se ha modificado el artículo 283 del Código Penal para sancionar con 10 años de cárcel las acciones que entorpezcan servicios públicos. Además, aquellos que colaboren con el delito de disturbios, ya sea proporcionando bienes o recursos económicos, podrían enfrentar hasta seis años de cárcel.

El premier enfatizó que el derecho a la protesta en el Perú es constitucional, siempre y cuando no afecte bienes públicos o privados. Se hizo un llamado a las autoridades competentes, especialmente al Ministerio Público, para que, a partir de esta nueva legislación, apliquen las penas correspondientes a quienes cometan estos delitos.

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