Poder Judicial autorizó revisión de celulares de Alan García: ¿Qué medidas tomará su abogado?
Ante la decisión del Poder Judial, el abogado del expresidente García, anunció que rechaza la autorización y que presentará impugnación.
El Poder Judicial ha concedido a la Fiscalía de la Nación la autorización para examinar dos teléfonos móviles confiscados al ex presidente Alan García el 17 de abril de 2019, día en que se quitó la vida durante el registro de su residencia en Miraflores. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección del juez Leodán Cristobal Ayala, ha determinado que se accederá al contenido de los dispositivos.
En respuesta a esto, el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, ha declarado que impugnarán la decisión del Poder Judicial que permite dicha acción, argumentando que no existen «razones de peso ni elementos» que la respalden. Reyna afirmó: «No hay pruebas o fundamentos para justificar el acceso a sus comunicaciones después de cinco años, basándose en documentos del 2019, ya que no se hace referencia a ningún elemento nuevo».
¿Qué acciones tomará Reyna ante la orden del PJ?
Reyna afirmó que la Fiscalía busca continuar investigando a una persona fallecida y destacó que, en los teléfonos confiscados, solo se encuentran conversaciones entre sus abogados relacionadas con la defensa legal del expresidente. «Este preocupante hecho sugiere que están tratando de seguir investigando a personas ya fallecidas y, al acceder a la información de sus teléfonos, están intentando hacer un espectáculo con la figura de Alan García», señaló.
Reyna asumió la representación de los demás abogados de la defensa de García Pérez y expresó su rechazo a la «violación de los derechos» de un ciudadano cuya acción penal se extingue con su fallecimiento, lo que implica la imposibilidad de defenderse en el caso fiscal. Es importante destacar que, tras la autorización del Poder Judicial, el Equipo Especial Lava Jato podrá examinar las comunicaciones y las tarjetas SD de los dispositivos solo en relación con la investigación por lavado de activos.
