Pedro Castillo: Fiscalía solicita 34 años de prisión por «delitos de rebelión y abuso de autoridad»

Asimismo, el Ministerio Público solicita para Betssy Chávez 25 años de cárcel, mientras que para Aníbal Torres requieren 15 años de pena privativa de la libertad.

La Fiscalía de la Nación ha solicitado al Poder Judicial que imponga una pena de 34 años de prisión al expresidente Pedro Castillo, acusándolo de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, relacionados con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Asimismo, se pide una pena de 25 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y de 15 años para Aníbal Torres. Además, se ha solicitado prisión preventiva para los ex ministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), así como para los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, con una propuesta de 25 años de cárcel para todos ellos.

La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por el fiscal supremo Alcides Chinchay, quien asumió después de la remoción de Uriel Terán.

Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 12, 2024

Terán Dianderas concluyó la investigación preparatoria sobre el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo a fines de diciembre de 2023, antes de ser retirado del cargo por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y regresado a su posición original en Arequipa.

En cuanto al proceso, ahora que la acusación oficial ha sido presentada, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, deberá llevar a cabo la etapa intermedia o de control de acusación. Durante esta fase, se subsanarán posibles errores en la acusación fiscal, y las partes presentarán pruebas y testigos para el eventual juicio. Después de las audiencias de control de acusación, el juez Checkley emitirá el auto de enjuiciamiento, una resolución que no puede ser apelada.

Posteriormente, en un plazo de 48 horas después de notificar el auto de enjuiciamiento, el expediente se enviará a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que programará la fecha para el inicio del juicio oral. La sentencia dictada por esta instancia podrá ser impugnada ante la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín.

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